Cuestión de culpabilidad por falta de pruebas en los gastos fiscales.
La sentencia del Tribunal Supremo n.º 1695/2024, de 29 de octubre, se plantea si la falta de prueba sobre determinados extremos que afectan a la deducibilidad fiscal de un gasto conduce necesariamente a calificar la actuación del contribuyente como culpable, a efectos sancionadores, sin que pueda justificarse que pudiera existir una interpretación razonable de la norma en atención a la naturaleza, características y contexto en el que se produce dicho gasto.
La Sala fija el siguiente criterio interpretativo:
La falta de prueba de un gasto cuya deducción se pretende, en el Impuesto sobre Sociedades, no siempre conduce a calificar la conducta del contribuyente como culpable a efectos sancionadores, como tampoco llevará a una calificación de signo inverso. Es decir, cuando el problema se suscita en el terreno de la prueba de un hecho, de sus circunstancias, o de subsunción de ese hecho en una norma jurídica, será necesario que la Administración acredite, en cada caso, la presencia del elemento culpable en la conducta del obligado tributario (para enervar la presunción constitucional de inocencia del artículo 24.2 de la CE) y que, además, la motive, en los términos que se derivan de la jurisprudencia del Supremo al respecto.
Por otra parte, y al margen de esa exigencia de prueba de la culpabilidad y de su adecuada motivación, no es factible invocar la causa de exención de responsabilidad sancionadora del artículo 179.2.d) de la LGT en aquellos casos, en los que la razón determinante del ejercicio de la potestad sancionadora no se funda en la aplicación de una norma jurídica que se deba interpretar en cuanto a su sentido, finalidad, vigencia o aplicabilidad, sino en la falta de prueba de un hecho necesario para la deducibilidad del gasto correspondiente.